Paul Maldonado informó sobre la fase final de entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano y destacó la importancia de que periodistas, locutores, influencers y medios de comunicación conozcan las nuevas disposiciones relacionadas con los delitos de difamación e injuria, cuyas sanciones fueron modificadas.
Paul Maldonado exhortó a periodistas, comunicadores, locutores, influencers y representantes de medios de comunicación a conocer las nuevas disposiciones contempladas en el Código Penal dominicano, cuya entrada en vigor se encuentra en su fase final. Explicó que la legislación incorpora modificaciones importantes en materia de difamación e injuria, por lo que consideró indispensable que quienes ejercen actividades informativas conozcan el alcance de las nuevas tipificaciones y las sanciones previstas por la ley.
El abogado señaló que el artículo 208 establece sanciones para las conductas relacionadas con la difamación y para aquellos actos que atenten contra el buen nombre, la imagen, la integridad física y la dignidad de las personas. Precisó que la legislación contempla penas de entre dos y cinco años de prisión, lo que representa un cambio relevante respecto al marco jurídico anterior y obliga a los profesionales de la comunicación a mantenerse actualizados sobre las nuevas responsabilidades legales.
Asimismo, explicó que el artículo 209 incorpora la figura de la difamación extorsiva, la cual se configura cuando una persona realiza acusaciones o expresiones que afectan la reputación de otra con el propósito de obtener dinero, bienes o cualquier otro tipo de beneficio. Indicó que este delito contempla sanciones que van de cinco a diez años de prisión, al tratarse de una conducta que combina la afectación al honor con una finalidad de carácter extorsivo.
Finalmente, Paul Maldonado señaló que la entrada en vigor de estas reformas abre un debate sobre el equilibrio entre la protección del honor y la libertad de expresión. Consideró importante que periodistas y comunicadores conozcan el contenido de la nueva legislación para ejercer su labor con certeza jurídica, al tiempo que invitó a reflexionar sobre el impacto que estas modificaciones podrían tener en el ejercicio del periodismo y en el derecho de la sociedad a estar informada.