Paul Maldonado subrayó que la nueva legislación moderniza los procesos de contrataciones públicas y fortalece los mecanismos de control en beneficio de la ciudadanía.
La promulgación de la Ley 47-25 representa uno de los cambios más importantes en materia de contrataciones públicas de los últimos años, al actualizar un marco normativo que requería adecuaciones para responder a las exigencias actuales de transparencia, eficiencia y supervisión institucional. Para Paul Maldonado, esta reforma constituye un paso relevante hacia una administración pública más confiable y abierta.
Al analizar la evolución del sistema de compras estatales, señaló que durante años existieron limitaciones normativas que permitieron amplios márgenes de discrecionalidad y generaron cuestionamientos sobre diversos procedimientos. Sin embargo, también reconoció que las reformas impulsadas en distintas etapas contribuyeron a construir mecanismos más sólidos para garantizar una mayor participación y competencia entre proveedores.
Maldonado destacó particularmente el papel que ha desempeñado la Dirección General de Contrataciones Públicas en la implementación de herramientas, reglamentos y mecanismos de monitoreo que han fortalecido la vigilancia de los procesos administrativos. Estas acciones, afirmó, han permitido avanzar hacia una cultura institucional basada en la legalidad y la rendición de cuentas.
La nueva legislación incorpora experiencias acumuladas durante casi dos décadas y establece reglas más claras tanto para las instituciones públicas como para los participantes en los procesos de contratación. Además, contempla un periodo de adecuación que permitirá capacitar a servidores públicos y proveedores para garantizar una implementación efectiva del nuevo marco jurídico.
Desde la perspectiva de Paul Maldonado, fortalecer la transparencia es una forma de defender las instituciones y proteger la confianza de la ciudadanía en el ejercicio del servicio público. Por ello, consideró que la Ley 47-25 representa una oportunidad para consolidar una gestión más eficiente, responsable y orientada al interés general.