Paul Maldonado plantea modificaciones constitucionales para definir con claridad los períodos de funciones en órganos clave del sistema judicial.
El jurista Paul Maldonado informó sobre la presentación de un anteproyecto de reforma constitucional ante el Senado de la República, iniciativa que contempla modificaciones a los artículos 171, 180, 187 y 215 de la Constitución. La propuesta tiene como objetivo establecer fechas precisas para el inicio y conclusión de los períodos correspondientes a jueces de las Altas Cortes, así como al Procurador General de la República y los Procuradores Generales Adjuntos.
De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa surge ante la existencia de un vacío constitucional relacionado con la falta de definición expresa sobre la duración de estos períodos. Paul Maldonado señaló que esta situación puede generar cuestionamientos sobre la institucionalidad y la seguridad jurídica dentro del sistema judicial y administrativo del país. También indicó que la claridad en los períodos de funciones permitiría fortalecer la estabilidad institucional.
El planteamiento también aborda la permanencia de funcionarios más allá del tiempo para el cual fueron designados, tema que, según explicó, ha generado debates sobre la legitimidad y competencia constitucional de algunas decisiones emitidas desde distintos órganos del Estado. En este sentido, la propuesta busca establecer reglas más precisas que contribuyan a evitar interpretaciones ambiguas dentro del marco constitucional.
Asimismo, Paul Maldonado destacó que esta reforma pretende fortalecer el funcionamiento institucional mediante mecanismos que aporten mayor certeza jurídica y claridad normativa. Desde esta perspectiva, la iniciativa se orienta a consolidar procesos más transparentes y alineados con los principios constitucionales.
La propuesta forma parte de una discusión más amplia sobre el fortalecimiento de las instituciones y el funcionamiento del sistema jurídico en la República Dominicana, especialmente en temas relacionados con la estabilidad y continuidad de los órganos de administración de justicia.
